El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, señaló que presentó un escrito a la Fiscalía de Pichincha pidiendo que se dicte orden de prisión por las irregularidades en la contratación que hizo la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para la compra de 1,2 millones de chalecos para motociclistas, en diciembre del 2010.
“Hay un informe de responsabilidad penal del contralor que ha pedido la prisión de Ricardo Antón (exdirector de la ANT), yo he presentado un escrito en la Fiscalía pidiendo que se dicte la prisión, qué más quiere que haga, es el fiscal que no mueve el tema”, indicó ayer Mera en una entrevista en Radio Visión.
Los chalecos se compraron por medio de dos contratos que sumaron cerca de $ 10 millones a IMC, empresa filial del grupo EICA que está manejada por el Estado. La mala calidad de las prendas provocó que la administración de Mauricio Peña en la ANT suspendiera su uso y acordara con la contratista la devolución de lo invertido “hasta el último centavo”.
Las auditorías que realizó la Contraloría a la contratación de chalecos señalaron un “grave perjuicio” al Estado y revelaron que Ricardo Antón y Yamil Chedraui Adum, exgerente de EICA y también hombre de confianza de Antón, firmaron un segundo contrato por 600 mil chalecos (1,2 millones en total) cuando solo se tenía 155 mil motos matriculadas.
Los indicios de responsabilidad penal sobre este caso recayeron sobre el titular de la ANT, Ricardo Antón, el director de Aseguramiento y Finanzas de la ANT, Pablo Asanza Molina; el coordinador administrativo, Roberto Flores Flores; el director de Desarrollo Organizacional y presidente de la Comisión Técnica que revisó el contrato, Javier Henriques Aycart; el director de Coordinaciones Provinciales, Augusto Drouet Chiriboga; el administrador del contrato, Humberto Pico Carrillo; y el director (e) de Coordinaciones Provinciales, José Vicente Chávez Unda.
En junio de este año, el contralor Carlos Pólit pidió actuar con celeridad a la Fiscalía. “La Contraloría determinó un perjuicio total en la compra de chalecos, por lo que los fiscales y los jueces tienen que respaldar la recuperación de los recursos públicos y (determinar) las sanciones para los que incumplieron las normas de contratación pública”, indicó entonces.
El caso se tramitaba, inicialmente, en la Fiscalía del Guayas; luego pasó a Pichincha. En la actuaidad se halla en la fase de indagación previa.
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